Cooperativas de viviendas: “Hay desvío de fondos y sobrevaluación de costos”

Dicen que cualquier organización social debe construir una casa con $ 35.000 mientras una empresa privada lo hace con $ 95.000

Sostienen que el IVUJ ha sido una “caja negra”, pero esperan que ahora se pueda mejorar los mecanismos de cobro


La construcción de viviendas en Jujuy sigue dando tela para cortar, con los renovados reclamos de las cooperativas por la acreditación de fondos en tiempo y forma, y con la aparición de datos sobre el supuesto manejo irregular de los organismos por donde pasan esos dineros.

Ejemplo de lo primero lo dio esta semana la Corriente Clasista y Combativa, que se instaló en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, para exigir, entre otros puntos, una actualización de precios: hoy, una vivienda que construye una cooperativa está valuada en 35.000 pesos, mientras que por una hecha por una empresa privada, el Estado provincial paga 95.000 pesos.

Todas las organizaciones (CCC, CTA, Corriente del Pueblo) hablan de la existencia de “vueltos” que se producen a partir de la adjudicación de obras a un grupo de empresas del medio, que no estarían siendo destinados precisamente a mejorar la calidad y la terminación de las construcciones.

En cuanto al manejo de los fondos por parte del gobierno, un nuevo escándalo complicó esta semana a la ex administración de José Luis Martiarena, por el no ingreso de fondos otorgados por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. El Tribunal de Cuentas inició actuaciones administrativas de rendición de cuentas al anterior gobierno municipal por fondos del ejercicio 2006, conforme a la Cédula de Notificación N° 524-S-I-/2008.

Observaciones sobre fondos para viviendas

La Cédula de Notificación, que lleva la firma de la Dra. Alicia M. Zicarelli, dispone, en su artículo 3°, instaurar el procedimiento administrativo de rendición de cuentas, “en contra de los señores: José Luis Martiarena (ex intendente), Susana Raquel Haquim (ex Secretaria de Gobierno y Acción Social), Cecilia Beatriz Panire (ex Secretaria de Hacienda), Teresa B. Cáceres (ex Contadora General) y Elena Cabezas (ex Tesorera General), a los fines de justifiquen las observaciones y se cita adicionalmente a: Oscar Martínez, Rosa Alfaro, Irma Cabezas y Alberto López.”

Entre las observaciones realizadas, el Tribunal de Cuentas observó la falta de depósito en cuentas municipales de los fondos entregados por el IVUJ por la suma de $ 35.443.176,29 además de otros provenientes del mismo organismo por la suma de $ 230.820,65 “no depositados ni contabilizados”.

Asimismo, señala que también aparecen como “no ingresadas” las inversiones de fondos recibidos del IVUJ, con afectación a los planes de emergencia Habitacional y de Emergencia Hídrica, por la suma de $ 35.673.996,94 “por cuanto no se constató que los fondos fueran entregados a los responsables de los planes y la documentación que lo respalda no es idónea”.

Esto es sólo una muestra de lo que las organizaciones sociales vienen denunciando desde hace tiempo: el desvío y/o la supuesta malversación del dinero destinado a construir casas.

“Hubo desvíos”

Para Luciana Santillán, de la Corriente del Pueblo, el manejo de los fondos del IVUJ “fue terrible durante la gestión anterior”, al punto que “le tuvieron que sacar (al IVUJ) el manejo del dinero del Plan de Emergencia Habitacional, porque la plata que venía para las cooperativas de viviendas de desocupados fue desviada a favor de empresas privadas. Ante ello, se creó una Unidad en el Ministerio de Infraestructura para encargarse del tema”, recordó.

A raíz de estos problemas, “muchas organizaciones que no estamos casadas con este Gobierno, hemos esperado más de 8 meses la acreditación del primer desembolso. Y luego, hasta completar el 35 %, pasó más de año y medio. Esto fue a raíz del desvío de fondos que venían para las cooperativas”, indicó.

“El Instituto de Vivienda y el Ministerio de Infraestructura manejan muchísima plata, hacen negocios con las empresas amigas de construcción, echando mano a fondos que son sagrados porque son para la gente que menos tiene”, apuntó.

Santillán señaló que “en los pasillos de Infraestructura y de Vivienda, se escucha que las grandes empresas constructoras de Jujuy se reparten las obras más grandes y todo queda entre ellos”. Añadió que las obras vistas hasta ahora son mínimas en comparación con los fondos que se manejan y que además están “súper valuadas”, ya que “nosotros hacemos casas con 35.000 pesos y el Instituto de Vivienda hace iguales o peores casas con el triple de ese valor”, señaló.

“Una caja negra”

Por su parte, Andrés Enrique “Kike” Mosquera, de la CCC, dijo que los fondos para obras se consiguen “con muchas dificultades”, tanto desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia como del Gobierno Nacional.

“Obviamente, necesitamos una actualización de precios. Nosotros obtenemos 35.000 pesos por cada vivienda, pero las empresas cobran 95.000 pesos cada vivienda. Hay 60.000 pesos de diferencia. Hay una resolución que señala que la vivienda debería estar en 52.000 pesos, pero no estamos cobrando esa cifra”, se quejó.

Afirmó que para el caso de las defensas, es lo mismo: “Estamos pagando 360.000 pesos por 360 metros lineales, lo que hoy no alcanza para cubrir mano de obra, material ni maquinaria. Lo mismo pasa con los cordones cunetas y el pavimento, porque el costo de los materiales se fue por las nubes”, expresó.

Comentó que cuando ellos reclamaron en Jujuy la actualización de precio, “nos dijeron que es un problema nacional, pero nada más. Incluso, hay compañeros que están siendo amenazados”, denunció.

En cuanto al tema de las certificaciones de obra, Mosquera se quejó por la “burocracia de la UEV”, pero dijo que se está avanzando para mejorar los mecanismos de acreditación de fondos.

Sin embargo, advirtió que con lo que se le está pagando hoy a una cooperativa, se tiende desde el Gobierno a paralizar las obras y a dejar sin cobrar a los obreros, por lo que ellos van a “pechar como sea” para terminar las casas y pagarles a los trabajadores. “Estamos ahogados económicamente con el tema de las viviendas, aunque seguimos con las obras”, afirmó.

El dirigente diferenció un antes y un después en el IVUJ tras la asunción de Luis Cosentini como presidente. “Antes de Cosentini, el Instituto de Viviendas era una caja negra. Hoy, tenemos algún diálogo con el IVUJ y también con la Unidad de Viviendas”, indicó, tras lo cual aclaró que “yo no sé dónde está ahora la caja negra del Gobierno, pero entiendo que hoy se puede dialogar con el IVUJ”, enfatizó.

Similar postura, aunque desde una visión diferente, fue la que exteriorizó la dirigente Milagro Sala, de la organización Tupac Amaru, durante la reciente visita de la presidenta Cristina Kirchner.

Allí, Sala había dicho: “Yo sé que muchos empresarios de la construcción decían qué van a apostar por estos negros. Pero ellos (Néstor y Cristina Kirchner) apostaron por nosotros y apostaron mucho”, recalcando luego que “nosotros decíamos que la construcción deja mucha plata, y esta es la plata que deja –compañeros- cuando uno administra bien: la Cooperativa Textil, la fábrica de adoquines, la fábrica de bloques”.

Señaló Sala en aquella oportunidad que para la construcción de la textil el Gobierno nacional puso el 50 por ciento “y nosotros pusimos el otro 50 % del vuelto de las Cooperativas que nos quedaba”, destacando que “hoy hay mil compañeros que tienen sus viviendas construidas por sus propias manos”.

La Corriente del Pueblo

La Corriente del Pueblo (CP) tiene una historia particular: en el año 2.006, cuado rompe con la CCC, se queda sin cooperativas de viviendas. Pasaría un año para que lograran 30 cooperativas en Capital y 7 en La Quiaca. Actualmente, deben ejecutar una primera etapa de 120 viviendas en Capital (sector de Alto Comedero) y 28 viviendas en la ciudad fronteriza.

Las 120 viviendas que se construyen en Capital se enmarcan en un sistema originario de Italia, denominado “Cassaforma”, utilizado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, mediante el cual se usan paneles de telgopor, con paneles de acero a cada lado, y luego de su montaje, una capa de concreto, con lo cual las placas se convierten en elementos estructurales muy resistentes. No se usan columnas ni vigas.

Precisamente, la CP tuvo problemas administrativos debido a que el Instituto de Vivienda y Urbanismo, desde principio de este año, se mostraba reacio a aprobar las carpetas técnicas del novedoso sistema e incluirlas en el Programa de Emergencia Habitacional. Tras una movilización para reclamar por este tema, finalmente, el sistema se aprobó, aunque Luciana Santillán, el arquitecto de la CP, Julio Ceballos, y otro dirigente, fueron procesados por robo en banda y en poblado, incendio y destrozos en oficinas públicas e instigación a la violencia, causas no excarcelables.

A raíz de estos inconvenientes administrativos, se demoró la construcción, a lo que se sumó que el 35 % del costo total de la vivienda fue entregado a “cuenta gotas”, cuando el sistema Cassaforma, por sus características, requiere de una inversión importante para iniciar las obras.

El costo de cada vivienda estaba estipulado en 35.000 pesos, cifra que ha quedado devaluada por la inflación de los últimos dos años. Por esto, se logró que el Ministerio de Infraestructura de la Nación resuelva la redeterminación de precios en 52.000 pesos por unidad habitacional, cifra que aún no se hace efectiva en los hechos.

La CP ya comenzó las obras (obrador y movimiento de suelo) para las 120 viviendas, empleando a 460 personas. En cuanto a los ingresos, los obreros diseñaron una escala donde se incluyen Oficial Albañil (7.000 pesos por toda la obra), Medio Oficial ($ 6.500 por toda la obra) y Ayudante ($ 6.000 por toda la obra), quienes van cobrando a medida que se realizan las certificaciones de obras, a cargo del Instituto de Vivienda y del Ministerio de Infraestructura.

“Hubo bastante poca predisposición hacia organizaciones como la nuestra desde el IVUJ, porque los trámites se hacen eternos. Son demasiado burocráticos por todas las cosas que piden. Fue por eso que un día movilizados hasta el IVUJ, nos sacaron con balas de goma y se iniciaron las causas penales que pensamos tienen un trasfondo profundamente político; una vez que empezamos a molestar, nos meten causas. Y nos resulta raro que seamos nosotros los objetivos de esas causas”, dijo, tras lo cual condenó enfáticamente “la judicialización de las luchas sociales”.

La CCC

Kike Mosquera dijo que existen 27 localidades, de las cuales en 14 la CCC no tiene ninguna obra pública. Ellos reclaman más obras de cordón cuneta, pavimento, obras de agua, cloacas, defensas, CIC y viviendas.

Actualmente, la CCC construye 11 barrios en toda la provincia (La Quiaca, Tilcara, Capital, Palpalá, Perico, Vinalito, San Pedro, Monterrico, Aguas Calientes, El Carmen y en Fraile Pintado). Hasta ahora, construyó 800 casas y su objetivo es edificar 800 más.

La CCC cuenta con 8.000 miembros activos.

Mosquera destacó que las casas hechas por las organizaciones sociales son características por sus techos de tejas, mientras que los de las privadas son de chapa; hay marcadas diferencias en la terminación y en los efectos que a la postre tienen los movimientos de suelo en las paredes; en general, las de las organizaciones son de mejor calidad. Agregó que la diferencia con el resto de las empresas es que ellos no buscan ganancias, sino mejorar la calidad de vida de los obreros. “No especulamos con que quede un vueltito para alguien, sino que ese vueltito sea para que la casa sea mejor”, enunció.

La CTA

Tupac Amaru posee 150 cooperativas de viviendas generadas a partir de la articulación con el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), con más de 4.000 puestos de trabajo en blanco. Se han construido 1.400 viviendas en toda la provincia, cordones cuneta, defensas en los ríos y la canalización del Arroyo Las Martas; 8 polideportivos con piletas de natación y quinchos; fábrica textil, fabrica de adoquines y otra de bloques; una iglesia, un taller metalúrgico y un Centro de Integración Comunitaria (CIC) con consultorios médicos, laboratorio y ambulancia para Alto Comedero. Asimismo, se construyó un colegio secundario y 60 núcleos habitacionales para los inundados de Arroyo Las Martas.

Un poco de historia

Caso Marocco: la investigación que no fue

En el año 2.000, los diputados Rubén Rivarola, Riad Quintar y César Argañaraz, presentaron sendas denuncias penales en el juzgado de Instrucción N° 3, a cargo de Raúl Eduardo Gutiérrez, contra la supuesta comisión de los delitos de cesión de ventajas indebidas a un acreedor, falsedad ideológica de documento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, falsedad ideológica y fraude en perjuicio de la administración pública.

La historia cuenta que aquellos legisladores, entonces integrantes del bloque Por un Nuevo Jujuy, reaccionaron contra lo que consideraron un escándalo de corrupción en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, organismo que había acordado con la empresa BSD Ingeniería y Servicios, la ejecución de los trabajos de la obra “200 Viviendas en Alto Comedero Fracción A – V Etapa Plurianual, reformulada a Hospital San Miguel de Yuto – Primer Parcial”. Cabe recordar que el sistema plurianual permitía a una empresa ya adjudicataria, recibir en adjudicación directa otra obra, con el fin de “agilizar” las tareas evitando el proceso licitatorio y eventuales impugnaciones.

Los diputados descubrieron que era imposible que el titular de aquella empresa, Ramón Horacio Zarrouf Zogbe, pudiera utilizar el sistema plurianual por cuanto no tenía ningún contrato previo con el Estado provincial. Lo que hallaron fue que en una cláusula de la adjudicación, Sarrouf aparecía como “contratista” en virtud de que la empresa Marocco y Cia. aparecía como “cedente de la obra”. Para entonces, era conocido el estado de quiebra y cesación de pagos de esa empresa, que había sido decretado hacía dos años por la Justicia Nacional. De este modo, la cesión de derechos de Marocco a BSD Ingeniería y Servicios constituía el delito penal de dar ventajas indebidas a un acreedor, ya que la contraprestación –supuestamente- había sido el pago de facturas que la quebrada debía a Sarrouf pero que en realidad debían haber ingresado en la quiebra. Así se habría perjudicado a la totalidad de los acreedores, entre ellos el IVUJ, ya que se impedía negociar los contratos pendientes con este organismo y las acreencias que el mismo tenía para cobrarle a Marocco y Cia.

Los diputados sospechaban que el IVUJ había pagado sumas de dinero a Sarrouf, cancelando así créditos de Marocco. Y al cotejar las facturas y el sugestivo contrato del IVUJ con Sarrouf, notaron que mientras las facturas no llegaban a $ 200.000, los derechos que recibía BSD alcanzaban un monto de casi $ 6.000.000.

Además, el propio Poder Ejecutivo, mediante un decreto, ratificó la resolución del IVUJ y posibilitó que se cumpliera la maniobra “fraudulenta”, según Rivarola, Quintar y Argañaraz. La denuncia judicial no prosperó.

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Un comentario

  1. que tal compañeros/as, lei su trabajo, y la historia es muy parecida a la nuestra por tal motivo les envio NUESTRA HISTORIA desde el Paraguay. un abrazo fraternal.
    marco lobos a.

    Buen dia compañeros/as cooperativistas del Paraguay y el mundo:
    desde el Barrio Cooperativo ubicado en la Cía. de Aveiro, Itá, Paraguay, le enviamos cordiales saludos a todas /os y le informamos de nuestra lucha por reivindicar nuestros derechos otorgados por Ley y desconocido por un grupo de personas, compañeros, asesores e instituciones cooperantes, quienes deberían ser custodios de los intereses de los mas desprotegidos y que en nombre de ellos se solicitan multimillonarios fondos para VIVIENDAS POPULARES…¿..?… LE INVITAMOS para que visiten nuestra pagina web http://www.coordinadoradelbarrio.jimdo.com en la cual iremos relatando nuestra historia, que hoy en dia es problema de muchos, pero lucha de pocos, esperamos con ansias que puedas contribuir a nuestra causa enviándonos un mensaje y dando nuestra direccion web a quien consideres necesario, un abrazo fraternal desde Paraguay.

    CONSTRUYAMOS VIVIENDAS DIGNAS, SIN DESTRUIR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS……

    ESTAMOS DENUNCIANDO ………………www.coordinadoradelbarrio.jimdo.com

    Good day compañeros/as members of a cooperative of Paraguay and the world:
    from the located Cooperative District in the company. of Aveiro, Itá, Paraguay, we sent warm greetings to him to all /os and we informed to him into our fight to vindicate our rights granted by Law and unknown by a group of people, companions, advisers and institutions cooperators, who would have to be guards of the interests of but the unprotected ones and which in the name of them multimillionaires ask for themselves bottoms for POPULAR HOUSES….? … WE INVITED to HIM so that they visit our page Web http://www.coordinadoradelbarrio.jimdo.com in which we will be relating our history, that nowadays is problem of many, but fights of few, we hoped with anxieties that you can contribute to our cause sending to us a message and giving to our direction Web of that you consider necessary, a brotherly hug from Paraguay.

    WE CONSTRUCT WORTHY HOUSES, WITHOUT DESTROYING THE DIGNITY OF THE PEOPLE ……

    WE ARE DENOUNCING ………………www.coordinadoradelbarrio.jimdo.com

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