Robo a Lanata: “Shakira” y Jaldín también pidieron “probation”, pero la justicia se la negó. Datos

"Shakira" y Jaldín, en una manifestación, luego del ataque al equipo de PPT
“Shakira” y Jaldín, en una manifestación, luego del ataque al equipo de PPT

Dos mujeres de la Organización Barrial Tupac Amaru, acusadas de atacar y robar a tres integrantes del programa televisivo de Jorge Lanata, Periodismo para Todos (PPT), podrían ir a juicio oral, tras una sentencia adversa que se produjo a fines del año pasado.

Se trata de Patricia Evangelina Jaldín y Mirta Rosa Guerrero, conocida como “Shakira”, quienes en agosto de 2012 agredieron al periodista de PPT Rodrigo Alegre, al camarógrafo Héctor Santistebe, y al sonidista Federico Gandolfi, dañaron sus equipos y les robaron material fílmico, según la denuncia.

En un fallo poco habitual en Jujuy, que priorizó la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada, el Tribunal en lo Criminal N° 3 negó la posibilidad de una “probation”, es decir, de la suspensión del juicio penal a cambio de la reparación del daño causado y del cumplimiento de tareas comunitarias. De quedar firme la sentencia, el siguiente paso sería el juicio oral y público.

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Alderete le abre las puertas de su organismo de Adicciones a Sala. Ya se lo había ofrecido para Jaldín y Guerrero. La justicia provincial lo rechazó.

El expediente está caratulado como “robo en poblado y en banda”, un delito de entre tres y diez años de prisión como pena máxima. Las acusadas procuraron de distintas maneras no llegar a la instancia del juicio. Para ello, cada una de ellas entregó $ 2000 como resarcimiento económico por los daños ocasionados. También, ofrecieron la posibilidad de cumplir tareas en la Secretaría de la Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, conducida por Eduardo Huáscar Alderete, en la Casa de Gobierno provincial, o en otro lugar a determinar.

El tribunal estuvo compuesto por los jueces Mario Ramón Puig –presidente de trámite–, Laura Nilda Lamas González y Jorge Manuel Alvarez Prado (habilitado). Los primeros dos magistrados interpretaron que el accionar de las supuestas autoras fue atentatorio de la libertad de expresión.

“El concepto de orden público dentro de la sociedad democrática –expresa la sentencia– es que se garantice: la circulación de noticia, ideas y opiniones, con el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto –expresa Puig, presidente de trámite–. Esta libertad de expresión es la piedra angular en la existencia de una sociedad democrática, por lo cual es indispensable para la formación de la misma y una sociedad que no esté bien informada no es esencialmente libre.”

Los hechos “no pueden ser interpretados solo a la luz de un atentado contra el derecho de propiedad, sino también como un obstáculo puesto al derecho de investigar, transmitir, divulgar lo que ocurre en la sociedad de la que somos parte y una privación de la noticia al destinatario de la información, que es el público”, expresa el fallo en el voto de Lamas. “En la democracia –continúa–, el ciudadano, en su condición de sujeto protagonista de la realidad, tiene el derecho y el deber de conocer los hechos y circunstancias sociales y políticas, para la formación de su opinión sobre esos mismos hechos y circunstancias”.

Entre otros argumentos, los magistrados consideraron que tampoco podían otorgar la suspensión del juicio ya que el fiscal penal Sergio Cuellar se oponía, por lo que el trámite judicial debía continuar.

Los jueces Mario Ramón Puig y Laura Lamas
Los jueces Mario Ramón Puig y Laura Lamas

Los hechos

Según la denuncia que consta en el expediente 195/13, el 3 de agosto de 2012, un equipo periodístico de PPT integrado por Alegre, Gandolfi y Santistebe quería realizar unas tomas en el barrio que la Tupac Amaru tiene en Alto Comedero, en las afueras de la capital provincial. Al llegar al sector conocido como Puesta del Sol, un hombre de seguridad identificado como Juan Carlos Rivera les advirtió que no podían filmar –a pesar de ser un lugar público– y que, de hacerlo, debían tener una autorización de Milagro Sala.

En el momento en que los periodistas se disponían a retirarse, llegaron las acusadas Guerrero y Jaldín, exigiéndoles que se fueran. Junto con unos ocho hombres –cuya identidad se desconoce–, a fuerza de golpes y forcejeos, les arrebataron una cámara de filmación, para luego devolvérselas dañada, sin la unidad de almacenamiento. También le quitaron una cámara hogareña a Alegre. Sin embargo, los periodistas lograron obtener y mantener parte de las grabaciones que luego sirvieron como elementos de prueba.

El incidente provocó un gran revuelo. Cuando los periodistas realizaron la denuncia a través de los medios, Milagro Sala

Tras el robo, Lanata intentó recuperar la cámara en Jujuy. No tuvo suerte.
Tras el robo, Lanata intentó recuperar la cámara en Jujuy. No tuvo suerte.

negó los hechos. Atribuyó todo a “una campaña burda” en contra de su organización. “Puede ser gente que no sea parte de la Tupac, a lo mejor pueden ser sectores políticos de Jujuy”, señaló entonces, en una entrevista con Radio Mitre. La realidad desnudó su “mentirita” en cuestión de horas.

El ataque generó el rechazo de entidades periodísticas y de la oposición, mientras que la Casa Rosada –aliada de Sala– mantuvo silencio. Finalmente, Lanata viajó hasta Jujuy y entrevistó a Sala, quien estuvo acompañada por decenas de miembros de su organización en el lugar de la grabación y por varios miles, en la calle. Parte de ese encuentro fue transmitido en el programa PPT. El conductor periodístico fue despedido por una multitud que coreaba: “¡Somos buenos, nosotros somos buenos…!”.

La denuncia avanzó por impulso del fiscal, ya que los periodistas de PPT no contrataron abogados en Jujuy para realizar un seguimiento. Las acusadas, en tanto, son defendidas por parte del equipo de abogados de Sala. Tras el fallo adverso, están en condiciones de apelar la sentencia al Superior Tribunal de Justicia.

 

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