Freno a la impunidad K en #Jujuy: jueces rechazan pedido de Milagro Sala de hacer trabajos comunitarios

El Tribunal Oral Federal de Jujuy resolvió este viernes “no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba” solicitado por la defensa de Milagro Sala, Gustavo Salvatierra y Graciela López. De esta manera, el tribunal habilitó el camino hacia el juicio oral y público, por lo que debería fijarse próximamente la fecha del inicio de las audiencias de debate. Milagro Sala, López y Salvatierra deberán sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de daño agravado y amenazas cometidos en 2009, durante una conferencia que se desarrollaba en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con la presencia del senador nacional Gerardo Morales, los Auditores de la Nación Leandro Despouy y Alejandro Nieva, entre otros funcionarios.

Luciano Rivas y Gastón Morales
Luciano Rivas y Gastón Morales

Este jueves, los abogados de la querella del senador Morales, Luciano Rivas y Gastón Morales, en una rueda de prensa, dieron a conocer la resolución judicial, que representa un nuevo revés judicial para Milagro Sala y una oportunidad para ponerle fin a la impunidad y a la violencia en Jujuy.

Explicaron Rivas y Morales que frente a esta resolución, no corresponde apelación alguna, toda vez que para que ello ocurra es necesario que “se haya causado un gravamen o que la resolución tenga efecto de sentencia definitiva”. Por ello indicaron que cualquier interposición de recursos por parte de la defensa de los procesados, sólo constituirá una obstrucción deliberada a la continuidad del proceso, “una chicana”, explicaron.
Por ello, estimaron que debe continuar el proceso, anticiparon que solicitarán que se fije fecha para el inicio de las audiencias de debate y se desarrolle el juicio oral y público.

“En este juicio se investigan hechos graves, toda vez que se atentó contra las instituciones de la Nación y se atacó al Estado Nacional”, afirmaron y señalaron que la pena máxima que podría imponérseles a los procesados es de 6 años por los delitos -en concurso- de amenazas y daños agravados.

“Estamos frente a una causa que pone de manifiesto un ataque violento y planificado de la procesada Milagro Sala, motorizado por Salvatierra y López, que estuvo destinado a disuadir al senador Morales y al resto de los funcionarios nacionales que participaban de una jornada sobre control público el 13 de octubre de 2009, donde se iba a informar a la sociedad sobre irregularidades en el manejo de fondos públicos cometidas por organizaciones de Milagro Sala”.

“Esto se vincula con el clima de violencia e impunidad que vivimos en Jujuy desde hace 10 años, con un amplio registro de hechos, como destrucción de patrimonio, agresiones, amenazas, aprietes y hasta inclusive muerte de personas, en el marco de un clima de odio y violencia”, analizaron.

Por eso insistieron que esta resolución tiene un alto valor institucional, toda vez que contribuye a que haya justicia, se termine el clima de violencia y la impunidad que ha alimentado ese clima.

“Para luchar contra la violencia necesitamos justicia independiente y garantizar el cumplimiento de la ley. Es la única forma de acabar con la impunidad y la violencia”, dijeron los abogados y señalaron también “la complicidad del gobierno de la Provincia de Jujuy, que frente a este clima de violencia sistemática, ha adoptado una actitud relajada y permisiva”.

Cabe recordar que en una audiencia celebrada en la sede del Tribunal Oral Federal, el 23 de abril último, se escucharon los argumentos de las partes y el dictamen del Fiscal. La defensa de Sala, Salvatierra y López habían solicitado la suspensión del juicio a prueba y a cambio pidieron reparar el daño ocasionado realizando trabajos comunitarios en la Secretaría de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico que conduce Eduardo Huáscar Alderete. El Fiscal Francisco Snopek acompañó el pedido, en tanto los abogados querellantes Rivas y Morales fundamentaron su negativa, dada la naturaleza de los hechos investigados, la conducta de Milagro Sala, sus antecedentes y su comportamiento posterior a los hechos.

Pero además, pusieron de relieve que el ofrecimiento de trabajo comunitario –que contaba con la anuencia de Alderete, funcionario de la administración de Eduardo Fellner– resultó “un planteo en abstracto, impreciso, poco claro”. Y señalaron la “incapacidad” de los procesados para cumplir el trabajo que ofrecían para resarcir los daños provocados en 2009.

Los querellantes recordaron los fundamentos por los cuales la suspensión del juicio y el trabajo comunitario ofrecido (probation) resultaban inadmisibles y expresaron que la resolución del Tribunal constituye un avance hacia la administración de justicia para ponerle límites a una cultura de la violencia que amenaza el sistema democrático.

También volvieron a objetar la conducta del fiscal Snopek, miembro de Justicia Legítima y recordaron que el 23 de abril llegó junto con la movilización organizada por la Tupac Amaru en lo que constituyó una clara presión hacia el Poder Judicial. Snopek, quien agravió la investidura que corresponde a un representante del Ministerio Público Fiscal, “actúo más como un defensor que como fiscal, haciendo afirmaciones arbitrarias para favorecer el pedido de probation”, dijeron.

“La resolución es jurídicamente satisfactoria”, apreciaron los abogados querellantes y atento a que no se han conocido aún los fundamentos de la resolución, eludieron hacer mayores consideraciones.

Se rumorea que los defensores de Sala apelarían esta resolución.

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