#MilagroSala: un problema inventado que entorpece al Parlamento del Mercosur

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Los representantes radicales al Parlamento del Mercosur plantean su posición sobre la representante del Frente para la Victoria

Autores: Lilia Puig, María Luisa Storani, Norma Aguirre y Gabriel Fidel

Quienes creemos en la integración y valoramos al Parlamento del Mercosur como un ámbito de consensos de política pública regional e internacional no estamos dispuestos a que este órgano sea utilizado para fines de política interna por parte de ningún grupo político ni tampoco como espacio de construcción de candidaturas.

Desde el inicio del periodo parlamentario en el mes de marzo 2016 del Parlamento del MERCOSUR, el Frente para la Victoria (FPV) ha desarrollado sistemáticamente una estrategia para plantear la detención de Milagro Sala como un problema de DD.HH. y como que ella es una detenida política víctima de una persecución sexista y clasista. A lo largo de las diez sesiones del parlamento, el FPV ha intentado su integración forzada.

Cabe señalar que El 14 de diciembre de 2015 fecha en la que los parlamentarios argentinos tomaron compromiso (juraron) en la sede de la asamblea, en Montevideo, ella optó por no ir a comprometerse y quedarse en Jujuy para continuar su lucha contra la legalidad institucional de la provincia norteña activando su viejo enfrentamiento con el dirigente radical Gerardo Morales, quien había asumido la gobernación por voluntad popular cuatro días antes.

En marzo, cuando se produjo la primera sesión, Sala ya estaba detenida por diversos fraudes al estado jujeño y a quienes habían sido miembros de las cooperativas que regenteaba. Estos motivos fueron intencionalmente ocultados a las delegaciones parlamentarias de los países miembros del MERCOSUR, siendo los cuatro parlamentarios radicales y uno del Frente Renovador quienes asumieron la tarea política de intentar clarificar e impedir el error que, en estos días, ha cometido la Mesa Directiva del parlamento al apoyar la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU que exige a la Argentina la libertad incondicional de la mencionada.

Los parlamentarios del FPV primero alegaron que se debería respetar la libertad de tránsito de la detenida hasta el Parlamento por estar protegida por el Protocolo Constitutivo. El fuero que protege el derecho a participar de las sesiones fue colocado en el protocolo para evitar que los gobiernos autoritarios impidan el funcionamiento del Parlamento. Como en este caso se trata de detención por delitos comunes decidida por la justicia independiente de un sistema institucional democrático mal podría apelarse a ese fuero. Ese intento derivó en una declaración del pleno del Parlamento que en abril pidió a la argentina que cumpla con el Protocolo y que la Cancillería y el poder judicial jujeño informen al Parlamento de la situación de la detenida. Esa declaración fue muy distinta a la que intentaba el FPV y sus aliados políticos que pretendían un pedido de libertad incondicional. La acción informativa realizada sobre la causa impidió la manipulación política que se había encarado.

Luego, vino el intento de que el Presidente del Parlamento se trasladara a la cárcel jujeña a tomarle juramento a la política presa. Nuevamente, los radicales informaron a los integrantes de la Mesa Directiva de los otros países sobre la situación real de las causas penales. La acción de esclarecimiento impidió el consenso de los miembros de la Mesa Directiva –requisito reglamentario para que esta se expida– que hubiera habilitado al Presidente a realizar esta acción ilegal que además carecería de todo valor jurídico ya que solo se puede prestar Compromiso en la Sede del parlamento, o sea en Montevideo y ante el cuerpo. En la última reunión de noviembre los parlamentarios del FPV volvieron a fracasar en un nuevo intento de la misma maniobra.

Esta semana, sin embargo, la Mesa Directiva ha tomado una decisión apresurada y equivocada. Debió haberse limitado a tomar nota de la situación planteada por el Grupo de Trabajo de la ONU pero, no involucrar al parlamento en el contenido de la resolución del mismo, la cual –como aclarara la parlamentaria jujeña Norma Aguirre– ni es vinculante ni da cuenta de las verdaderas circunstancias de la detención de Sala. Esta, además, está detenida por decisión de un poder judicial independiente que pertenece una provincia autónoma. Tanto el Grupo de Trabajo como la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR debieron registrar los hechos como también el miedo que tienen quienes han denunciado a la detenida de quien sólo esperan venganzas.

Quienes creemos en la integración y valoramos al Parlamento del Mercosur como un ámbito de consensos de política pública regional e internacional no estamos dispuestos a que este órgano sea utilizado para fines de política interna por parte de ningún grupo político ni tampoco como espacio de construcción de candidaturas. Somos conscientes del mandato popular que nos puso allí para favorecer la creación de un ámbito de vida regional y defender la democracia de la región.

 

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