#MilagroSala, #Jujuy y el estado de derecho

giacoppo-12Por Silvia Giacoppo*

Las imágenes de la televisión nos mostraron estos días una nueva denuncia por el reparto de viviendas de Milagro Sala. Esta vez, en Mendoza. Discrecionalidad y extorsión. Un accionar repetido y la sombra de la corrupción siempre presente.

En Jujuy esto ya es conocido y es el motivo por el cual está detenida. Quienes vivimos en la provincia sabemos lo que sufrimos durante más de una década.

La recomendación de liberación de la dirigente de la Tupac Amaru, por parte de un grupo de trabajo de la ONU, puso nuevamente en escena las causas y el accionar de la agrupación y, en particular, de Milagro Sala.

Tal vez sea un buen momento para recordar algunas cuestiones al respecto.

Milagro Sala no es una presa política, es una política presa que está imputada por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Se la acusa de haber desviado y malversado fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. Estos delitos, de los que está acusada, son de acción pública y por ende se investigan de oficio. La pena en expectativa impide la aplicación de la Condena de Ejecución Condicional, lo que habilita objetivamente la detención preventiva (inc.2 art 319 del Código Procesal Penal de la Pcia. de Jujuy) por la existencia de “vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer su investigación”. Milagro Sala junto a otros miembros de la Organización Barrial Túpac Amaru, conformaron una asociación ilícita con el fin de defraudar al Estado. En Jujuy se han detectado más de 1.800 casas no construidas y 500 sin terminar que fueron pagadas en su totalidad. Además, un faltante de 1.200 millones de pesos, que hubiera permitido la construcción de 2.300 viviendas. En ese marco se dictó la prisión preventiva de Milagro Sala.

Para considerar la prisión preventiva, las autoridades judiciales tuvieron en cuenta no sólo la calificación del delito sino también la posibilidad de riesgo procesal, es decir, el entorpecimiento del proceso y la posibilidad de fuga.

El instituto de la prisión preventiva se aplica a diario en la provincia y en el país. El Código Procesal Penal de Jujuy rige a todos los jujeños, sin excepción. Y Milagro Sala no está por encima de la ley. Aun así, muchos sectores han planteado su caso como una persecución con el objeto de sembrar la confusión y debilitar al nuevo Gobierno, pero sin ofrecer ni una sola prueba que acredite la violación de la división de poderes que supondría este argumento.

 

El juez que lleva la causa, Pablo Pullen Llermanos, señaló que “Milagro Sala no permite avanzar con el proceso porque no concurre al llamamiento judicial estando privada de la libertad, imagínese en libertad. Entorpeció sistemáticamente los llamamientos judiciales y no se podía cumplir con los actos procesales de hacer conocer causa de imputación, que designe abogado y menos aún la declaración indagatoria, con lo cual la justicia, ante una conducta de ese tipo de cualquier ciudadano, se lo detiene y continua el proceso en detención porque la obstaculiza, no se pone a disposición de la justicia”.

Hemos escuchado muchas voces con infundadas acusaciones sobre la falta de estado de derecho en la provincia. Nada más alejado de la realidad.

De hecho, ninguno de los jueces y fiscales que intervienen en las causas que involucran a Milagro Sala fueron designados por el Gobernador Gerardo Morales, sino por gobiernos anteriores, aliados de la dirigente. Morales no sólo ha respetado la autonomía de estos funcionarios, sino que además tomó medidas sin precedentes en Jujuy a fin de fortalecer la transparencia e independencia judicial, como la elección de jueces por concursos, la creación del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa, y la implementación de juzgados especializados en violencia de género. Gerardo Morales no ha resuelto su detención sencillamente porque no le corresponde administrar justicia.

La justicia en Jujuy, hoy, es absolutamente independiente del poder ejecutivo provincial y la medida fue adoptada por las autoridades judiciales y confirmada en más de dos ocasiones.

Milagro Sala se encuentra detenida conforme a una resolución dictada con respeto de las garantías constitucionales, por autoridad judicial competente.

El gobernador Morales, para disipar cualquier tipo de duda, manifestó que “Jujuy no tiene nada que esconder. Lo mejor es que la ONU y la OEA vengan a Jujuy y conozcan las causas y situaciones judiciales y procedimentales que determinaron la detención de Milagro Sala. Jujuy forma parte de un sistema internacional de derecho, con una participación activa y directa dentro de dos organismos tan importantes como son la ONU y la OEA“. El mismo presidente Macri señaló que invitará a la ONU a concurrir al país.

Vivir en un Estado de derecho, que garantiza el pleno ejercicio de la ley, implica -entre otras cosas- que toda persona que ha cometido un delito, sin importar de quien se trate, debe ser investigada. Si un juez, en pleno cumplimiento del Código Procesal Penal y resguardando las garantías constitucionales, entiende procedente una medida de detención, ésta debe ser acatada. En caso de disenso, los imputados y su defensa técnica tienen a su disposición todos los remedios procesales correspondientes, ya sea un cese de detención, un recurso de apelación o cualquier otra medida análoga.

La realidad es que Milagro Sala no es una perseguida política, sino una dirigente que instaló en Jujuy un verdadero estado paralelo, cuyos métodos brutales y arbitrarios penetraron en la totalidad de nuestra vida social. Su detención se explica por la reactivación de mecanismos judiciales que habían sido adormecidos por la alianza de la gestión anterior con Sala, y que han vuelto a funcionar en el marco de la regeneración política e institucional que atraviesa la provincia.

Jujuy volvió al estado de derecho. Y, sobre todo, volvió a vivir en paz.

* Senadora Nacional por Jujuy – UCR

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